En cumplimiento al imperativo derivado de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y a la propia regulación que se ha dado el Poder Judicial a propósito de la dictación del “Protocolo de acceso a la justicia de personas con discapacidad.”
Aunque es efectivo que con el traslado se produce un desarraigo familiar, este no resulta arbitrario o ilegal, pues se funda en las razones técnicas, dándose prioridad a la seguridad de la Unidad Penal en su conjunto.
El máximo Tribunal acogió el recurso de casación en la forma y, en sentencia de reemplazo, ordenó el pago indemnizatorio por falta de servicio de la demandada y consideró que existe detrimento del progenitor del interno.
El Tribunal de alzada acogió la cautelar deducida al considerar que la negativa del interno a alimentarse es una amenaza grave a garantías constitucionales.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la resolución que acogió parcialmente el reclamo deducido por la defensa del interno, sobre aspectos reservados de funcionamiento y reglamento interno de la denominada Unidad Especial de Alta Seguridad y en particular de las secciones de máxima y alta seguridad.
