La resolución de estas solicitudes constituye una decisión de política exterior, que conlleva la ponderación de consideraciones relativas al manejo de las relaciones internacionales y que implica, de algún modo, en atención a las particularidades de cada caso, pronunciarse sobre la conducta de otro Estado u organización internacional.
El proceso de extradición en la legislación venezolana se encuentra regido por diversos principios, entre los cuales prevalece el de la no entrega del nacional, consagrado en el artículo 69 de la Constitución. Este principio se basa principalmente en la idea de que conceder la entrega de un venezolano sería sacrificar el deber de protección del Estado para sus súbditos (que es a su vez un derecho de éstos) y sustraerlos de sus jueces naturales.
Ante la falta de procedimiento especial que regule la tramitación de protección diplomática de un connacional ha de recurrirse a las reglas generales.
