El máximo Tribunal observó que la magistratura erró al considerar prescrita la acción de cobro, debido a que no transcurrieron los 3 años de plazo indicados en los artículos 2514 y 2521 del Código Civil, contados desde la fecha en que la cuota del crédito se hizo exigible en 2019.

Los agentes detuvieron a un imputado por “llevar en sus manos una bomba molotov”, luego, al testificar relataron que vieron al acusado portar una botella de cerveza, la cual dejó a los pies de un árbol para alejarse luego de percatarse de la presencia policial, hecho que el máximo Tribunal consideró incongruente respecto de la valoración de la prueba efectuada por los jueces de instancia.

El Tribunal de base omitió un trámite esencial, al dar lugar a la solicitud de pago por consignación, sin agotar todas las instancias para notificar a los herederos del acreedor hipotecario, lo que les impidió comparecer y plantear sus defensas.

El máximo Tribunal observó que los jueces de fondo omitieron referirse a la prueba que daba cuenta de la morosidad de las facturas que el juez de base había considerado parcialmente pagadas.

La Ley N°20.720 no contempló al recurso de apelación como vía para impugnar la decisión que niega lugar a una solicitud de liquidación voluntaria, por lo que es factible impugnar tal resolución mediante el recurso de queja atendida la naturaleza especial de esta acción, y en la especie, no privar al fallido de su derecho de acceso a la justicia.

Se debió haber agotado el examen de las argumentaciones que fundamentan las alegaciones y defensas de las partes, faltando a las disposiciones y principios sobre la necesidad de motivar las sentencias definitivas.

En caso contrario, el sentenciador incurre en la causal de nulidad formal del N°5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 170 N°4 del mismo cuerpo legal; debido a que la judicatura de fondo no razonó ni explicó como llegó a la conclusión de preferir la prueba pericial ofrecida por demandante en una acción reivindicatoria, en circunstancias que el informe pericial incorporado por el demandado arribó a conclusiones opuestas.

La Corte observó que el procedimiento de regularización del DL N° 2.695 se encontraba extinguido ya que en sede administrativa se había desestimado regularizar la propiedad, por lo que no se tenía derecho a oponerse.