Sino existe una adecuada expresión y fundamento de la necesidad de la medida cautelar, se vulneran los principios de racionalidad y justicia que deben guiar cualquier actuación administrativa.
El requirente alega que la norma del Auto Acordado infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que la persona que acusó es la contraparte en el proceso, testigo y finalmente será la que procederá a dictar sentencia.
El magistrado argumentó que las discrepancias resultaron del uso inadecuado de una herramienta virtual de búsqueda de jurisprudencia y que la decisión fue preparada por un «asesor de confianza. Se le confirió un plazo de 15 días para entregar mayores antecedentes.
La requirente alega que se infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, particularmente el debido proceso, el derecho a la dignidad y, de conformidad al artículo 5 de la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención de la Cedaw, Convención de Belém do Pará, como así también las Política de la Secretaría Técnica de Género y no discriminación de la Corte Suprema.
