El requirente alega que unos mismos hechos son investigados paralelamente por la justicia militar y por un juzgado de garantía, lo que vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y garantías judiciales reconocidas en Tratados Internacionales vigentes y ratificados por Chile.

No estamos convencidos de que Filipinas esté llevando a cabo investigaciones relevantes, o esté haciendo un esfuerzo real o genuino para llevarlas a cabo. Esta conclusión no impide que Filipinas proporcione material en el futuro para que se determine la inadmisibilidad de lo solicitado sobre la base de la complementariedad, de ser necesario.

La decisión se tomó a solicitud de la Fiscalía que pidió investigar a Bolsonaro por su eventual responsabilidad en el asalto a las sedes del Poder Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema, ejecutado por sus simpatizantes tras la asunción de Lula da Silva a la presidencia del país.

El requirente alegó que se le impide ejercer la acción penal, vulnerando su garantía la tutela judicial efectiva.

El Ministerio Público se aparató de su objetivo primordial, la búsqueda de la verdad material, desarrollando una conducta tendenciosa, insistiendo en obtener pruebas que sirvieran a su pretensión, a efectos de mantener la prisión preventiva, aparatándose del principio de objetividad y de la presunción de inocencia.

En la especie, tales diferencias quebrantan la igualdad ante la ley.

Mientras existan pericias pendientes la Fiscalía se encuentra obligada a continuar con la investigación.

La recurrida se limitó a reproducir los antecedentes que obraban en una causa penal, realizada dentro de los márgenes de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Ante casos urgentes que afectan aspectos básicos de una persona, como lo es su morada, no puede ser sometido a un tratamiento dilatorio por el ente persecutor.