Lo concluido no se ve alterado por la renuncia voluntaria presentada por la funcionaria sancionada, como tampoco por la falta de ejecutividad de la sanción. Dichas circunstancias no excusan el deber de todo órgano del Estado de apegarse de modo estricto a la legalidad en la sustanciación de los procesos administrativos disciplinarios ni sanean los vicios constatados en su tramitación.
El reclamante alegó que la Política de Recursos Humanos municipal establecía que para esos casos sólo era válido instruir un sumario administrativo, argumento que fue desestimado por la Corte.
El municipio invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, fundado en que la información requerida se relaciona con procesos administrativos con carácter de secreto, cuando lo cierto es que esa característica es aplicable al sumario administrativo y no a las investigaciones sumarias.
Salvo que el afectado consienta en ello, ya que se trata de datos sensibles, según lo dispuesto en las leyes N°19.628 y N°20.584.
