Una medida que implique la infiltración de dispositivos terminales con el fin de recopilar datos de tráfico, localización y comunicación de un servicio de comunicación basado en Internet debe notificarse al Estado miembro en el que se encuentre el objeto de dicha medida. La autoridad competente de ese Estado miembro tiene entonces derecho a indicar que esa interceptación de telecomunicaciones no puede llevarse a cabo.