No habría sido posible celebrar un juicio en ningún caso, porque las autoridades estadounidenses no hubieran entregado a los militares acusados ​​y la ley española no autorizaba sentencias en rebeldía; y no se excluía la reapertura del procedimiento en el caso de que el imputado ingresara en la esfera de jurisdicción de España viajando a ese país. Por último, el demandante podría haber iniciado una acción civil al margen del proceso penal.