La recurrente presentó solicitudes para ser admitida en calidad de afiliada a seis instituciones de salud, siendo rechazada por las enfermedades que padece.
La pensión de vejez no le permite a la actora poner fin a la situación de dependencia económica que ostentaba al ser incorporada por su cónyuge como carga legal.
La decisión de la recurrida implica negar el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia del menor.
Los tratamientos paliativos y el cuidado de las personas con grave estado de salud es parte de la protección de su derecho a la vida.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la institución recurrida al autorizar la modificación, vulnerando los derechos de los afiliados.
Por tanto, el plazo de interposición de la acción de protección debe contarse desde que se efectuó el último descuento de la cotización correspondiente al plan de salud.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e injustificado de la isapre al aplicar un alza desproporcionada al plan de salud suscrito por el afiliado.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer que la isapre actuó de manera arbitraria, vulnerando los derechos a la integridad física y síquica y el derecho a la propiedad de la recurrente, al no homologar las prestaciones conforme lo permite la ley.
Las recurridas demoraron más de un año y medio en la tramitación, iniciándose gestiones de cobranza judicial.
La recurrida había dado término anticipado y unilateral al vínculo contractual con la actora, alegando que no informó sus patologías previas.
