Así establece la norma respaldada en la Comisión de Salud que comenzó la revisión de las observaciones relativas al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores. Mientras en la Cámara Baja, se discute adelantar el alza de los planes para abril.

La búsqueda de una salida legislativa contempla hasta ahora destrabar la llamada ley corta e incluir en el reajuste al sector público, que deberá ingresar los próximos días al Congreso, indicaciones para adelantar dos meses, el reajuste del Indicador de Costos de la Salud (ICSA).

Los contratos de salud deben conformarse a las normas vigentes, más aún cuando éstas tienen por objetivo resguardar la garantía constitucional de la igualdad, al prohibir la discriminación.

En fallo dividido, la Quinta Sala del tribunal de alzada desestimó la procedencia de los reclamos, tras establecer que la información solicitada por ley de transparencia es de carácter público y no afecta los derechos comerciales de las recurrentes.

Es indispensable que el Estado avance de forma prioritaria en la elaboración y suscripción del contrato que señaló que FONASA celebrará con el prestador de servicios de salud privado. Ello, con el fin de que se garantice que la cobertura del tratamiento médico otorgada a través de dicho contrato entre en vigencia de forma inmediata una vez culmine la cobertura del actual seguro de la menor.

Asimismo los senadores hicieron un llamado al Ejecutivo a introducir en la ley corta de Isapres, aspectos de una reforma integral a la salud. También se anunció que la Comisión Técnica extenderá su labor dada la reciente sentencia.

En la resolución aprobada por la Sala se considera que las sentencias emanadas de los tribunales se respetan, más si han sido expedidas mediante un debido proceso.

La Superintendencia de Salud explicó el cálculo retrospectivo y prospectivo que se hizo marcado por el fallo de noviembre de 2022. También ex autoridades enfatizaron el “daño que le hace la sentencia a la industria”.

Los senadores se mostraron preocupados por la incertidumbre que genera un virtual cambio de criterio. Acordaron continuar con audiencias mientras «la justicia entrega mayores certezas que permitan definir cuántos contratos realmente se verán afectados con la sentencia».

No procede limitar la cobertura de las prestaciones referidas a la salud mental, toda vez que ello se encuentra prohibido en los contratos de salud por la ley Nº 21.331.