Los requirentes alegan que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad, desde que, a pesar de cumplir con todos los requisitos para acceder a la PGU, la norma impide acceder a los derechos previsionales por ser beneficiados por la Ley Nº19.992.
Ni el medicamento solicitado, ni sus principios activos, han sido evaluados por el ente especializado, el Instituto de Salud Pública. Por lo mismo, no es posible adelantar juicio sobre su efectividad.
La recurrida solicitó el pronunciamiento al ISP por tener dudas razonables de tratarse de un producto farmacéutico.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la reclamación intentada y, en su lugar, la rechaza en todas sus partes.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la sanción.
