El texto es considerado una reacción a la emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, bajo cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estados Unidos ha mantenido una posición de constante de rechazo a la jurisdicción de la CPI sobre Israel.

En el ámbito internacional, el artículo 34 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra establece la obligación de tratar los restos humanos con respeto y devolverlos a sus familias. No obstante, Israel no es parte de dicho Protocolo, lo que excluye la aplicación directa de estas disposiciones.

Los ataques contra instalaciones médicas podrían constituir violaciones graves del derecho internacional humanitario en lo relativo a la protección de infraestructuras sanitarias durante conflictos armados. Asimismo, señala que tales acciones podrían interpretarse como actos de castigo colectivo, lo cual está tipificado como crimen de guerra bajo las normas internacionales aplicables.

La declaración hace referencia a las obligaciones jurídicas de Israel como Estado parte en instrumentos internacionales, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. En virtud de estos instrumentos, se destaca la responsabilidad de prevenir actos que puedan constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio.

El derecho internacional reconoce el derecho de los Estados a defender su territorio y que cualquier evaluación sobre la exportación de armas debe considerar este principio. En este contexto, se concluye que un embargo total de armas no sería jurídicamente obligatorio bajo las circunstancias actuales.

Se hace referencia a obligaciones establecidas en el derecho internacional, particularmente en lo que respecta a la protección de la población civil, e incluye una demanda de cumplimiento de la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad. Esta última requiere la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el retorno de desplazados palestinos a sus hogares y el intercambio de prisioneros entre las partes implicadas.

La dependencia de la ONU para la derechos humanos llama a todos los actores del conflicto a resolver cualquier discrepancia en la implementación del acuerdo por el bien de los civiles. Asimismo, insta a brindar ayuda a la población que ha quedado desamparada tras los bombardeos y desplazamientos forzados por Israel.

El informe menciona específicamente la alegación de que la mayoría de estas muertes se atribuyen a la falta de cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en las operaciones militares, principios esenciales del derecho internacional humanitario. A su vez, el documento examina la posibilidad de un patrón de segregación y fragmentación de las comunidades palestinas.

El documento de la Comisión también aborda el aumento de los incidentes violentos en Cisjordania, señalando un incremento en los ataques de colonos israelíes militares contra la población palestina, así como el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes durante las operaciones.

El informe exhorta al Estado de Israel a que cese los ataques contra las instalaciones y personal médico, así como las detenciones arbitrarias de palestinos. El Gobierno israelí rechazó las conclusiones de la Comisión, señalando que representan un intento de deslegitimar al Estado de Israel y de obstruir su derecho a la autodefensa frente a organizaciones terroristas que han manifestado públicamente su intención de destruir el Estado israelí.