La dependencia de la ONU para la derechos humanos llama a todos los actores del conflicto a resolver cualquier discrepancia en la implementación del acuerdo por el bien de los civiles. Asimismo, insta a brindar ayuda a la población que ha quedado desamparada tras los bombardeos y desplazamientos forzados por Israel.

El informe menciona específicamente la alegación de que la mayoría de estas muertes se atribuyen a la falta de cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en las operaciones militares, principios esenciales del derecho internacional humanitario. A su vez, el documento examina la posibilidad de un patrón de segregación y fragmentación de las comunidades palestinas.

El documento de la Comisión también aborda el aumento de los incidentes violentos en Cisjordania, señalando un incremento en los ataques de colonos israelíes militares contra la población palestina, así como el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes durante las operaciones.

El informe exhorta al Estado de Israel a que cese los ataques contra las instalaciones y personal médico, así como las detenciones arbitrarias de palestinos. El Gobierno israelí rechazó las conclusiones de la Comisión, señalando que representan un intento de deslegitimar al Estado de Israel y de obstruir su derecho a la autodefensa frente a organizaciones terroristas que han manifestado públicamente su intención de destruir el Estado israelí.

En su Declaración de Intervención, Bolivia hace referencia a la crisis humanitaria que afecta a Gaza, resaltando su preocupación por el presunto incumplimiento de Israel respecto a las órdenes previas emitidas por la CIJ en relación con medidas provisionales.

Aborda las consecuencias que, según el Comité de los Derechos del Niño, tienen las políticas de ocupación y la presencia militar de Israel en los derechos de los niños palestinos. Entre los efectos señalados se incluyen dificultades para acceder a recursos como la vivienda, un nivel de vida adecuado, alimentos, agua potable, saneamiento y servicios de salud.

Chile sostiene que la Corte tiene competencia sobre los hechos acaecidos en Gaza, contrariamente a lo que ha argumentado Israel. Chile destaca el carácter erga omnes de la Convención, que permite exigir responsabilidades a otros Estados parte por presuntas violaciones a este tratado internacional.

La carta pone de relieve la necesidad de que Israel permita el acceso de los medios de comunicación a Gaza sin restricciones, argumentando que la actual limitación del acceso contraviene los principios de la libertad de prensa. Además, las organizaciones firmantes han documentado casos de detenciones de periodistas y restricciones al ejercicio de su labor.

El informe cubre el período comprendido entre octubre de 2023 y junio de 2024, en el contexto de la escalada de hostilidades en Gaza, e incluye alegaciones de detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos. La ACNUDH también señala la posible comisión de crímenes de guerra y solicita la apertura de investigaciones para determinar la veracidad de estos hechos.

Ninguno de los acusados fue informado sobre las razones específicas de su inclusión en dichas listas, aunque ambos sospechan que se relaciona con su activismo en defensa de la causa palestina. Según un informe del Senado de 2023, el número de personas en estas listas de vigilancia ha aumentado significativamente, de 150.000 en 2004 a 1.8 millones en 2022.