Según Sudáfrica, cualquier ampliación de la presencia militar israelí en Rafah tendría consecuencias devastadoras y podría constituir una violación grave e irreparable de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, así como del fallo provisional emitido por la CIJ en enero de 2024.

El caso se suscitó a raíz de una demanda presentada por tres ONG en 2023, que adujeron que el suministro de piezas para los aviones F-35 de Israel viola el derecho internacional. Aunque un tribunal inferior inicialmente desestimó estas reclamaciones, el Tribunal de Apelaciones acogió sus fundamentos.

El Estado de Israel, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en relación con los palestinos en Gaza, tomará todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos comprendidos en el ámbito del artículo II de este Convenio.

Si bien se espera que el tribunal se pronuncie sobre las medidas provisionales, no determinará por ahora si Israel está perpetrando o no genocidio como alega Sudáfrica. Un fallo que determine ello podría llegar dentro de años tras un largo proceso entre las partes y el tribunal.

El profesor Malcolm Shaw dijo que Sudáfrica presenta una “imagen distorsionada” de los comentarios hechos por políticos israelíes sobre la guerra con el fin de establecer intenciones genocidas por parte de Israel, y señaló que sólo las decisiones políticas del pequeño gabinete de guerra israelí y del gabinete de seguridad más amplio son relevantes en determinar la política israelí en la guerra en Gaza.

En su comunicado Chile indica que: «Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación».

Con ocasión de la presentación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por actos genocidas del Estado de Israel en la Franja de Gaza, se explica la acción procesal a la luz de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, se propone la suspensión del debate acerca del tipo penal internacional y, en base a jurisprudencia de la propia Corte, se analiza el “riesgo de genocidio” como factor de competencia prima facie y estándar de suficiencia cautelar.

La Organización Marítima Internacional (OIM), instó a dar cumplimiento de las leyes marítimas, portuarias y terrestres en Djibouti, Etiopía, Somalia, Sudán y Yemen.

La enmienda legal había eliminado la capacidad de la Corte para vetar decisiones gubernamentales consideradas «irrazonables». Sectores importantes de la población israelí se opusieron vehementemente a este cambio, temiendo que socave la independencia judicial y perjudique la democracia del país.

Cualquier elección tiene consecuencias, pero sólo una respeta las decisiones de la autodeterminación de la familia y la menor, y de su libre ejercicio del culto y sus costumbres, cuando no se aprecia que la situación bélica pueda incidir indefectiblemente en un peligro cierto.