También alertó que dejar morir de hambre a los residentes de Gaza intencionalmente es un crimen contra la humanidad.
La autoridad enfrenta un juicio por la presunta comisión de los delitos de cohecho, fraude y abuso de confianza. Así, el legislativo ha tomado la decisión de blindar a Netanyahu para evitar su destitución durante la tramitación del proceso penal en su contra.
Su discusión se da en un momento de profundo malestar social a raíz de la reciente escalada de violencia entre israelíes y palestinos, la cual ya ha dejado varios muertos. Su aprobación sería todo un hito en Israel, ya que en este país la pena de muerte no se aplica desde hace 60 años.
La normativa, que es una enmienda a la Ley de Ciudadanía de 1952, solo será aplicable a los condenados por terrorismo que reciban fondos de la Autoridad Palestina. Organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por la medida.
La polémica reforma limita las facultades del Tribunal e incrementa los poderes del Ejecutivo y el Legislativo, confiriéndoles la posibilidad de dictar normas previamente derogadas en sede judicial. El anuncio del gobierno ha provocado multitudinarias protestas.
Las declaraciones no pueden interpretarse como destinadas a iniciar un debate público; la redacción y el tono de ninguno de los mensajes del condenado invitan a un intercambio abierto de puntos de vista.
Tratándose de un año como el 2022, en el que un Estado Miembro de Naciones Unidas como Ucrania que sufre una agresión militar por parte de Rusia desde el 24 de febrero, ha acaparado la atención de todos los medios internacionales, la omisión observada plantea algunas interrogantes muy válidas.
Antes de ejecutar la decisión de un tribunal extranjero, las autoridades eslovenas tenían la obligación de llevar a cabo medidas de revisión para asegurarse de que los procedimientos pertinentes habían cumplido con las garantías de un juicio justo.
Los instrumentos internacionales celebrados con Turquía, Qatar, Finlandia e Israel se enmarcan en la política aerocomercial de cielos abiertos impulsada por Chile y que tiene como fin conseguir la mayor apertura con los demás países.
Es necesario limitar el uso de los servicios y herramientas de rastreo sólo a los casos en donde se pone en peligro la seguridad pública de la Nación.
