La obligación de llevar a cabo una investigación efectiva sobre alegaciones de tratamiento que infringen el artículo 3 a manos de agentes del Estado está bien establecida en la jurisprudencia de este Tribunal. En este caso, transcurrieron tres años y cuatro meses desde la denuncia penal hasta la solicitud de sobreseimiento; y no había evidencia de que se hubieran tomado declaraciones de testigos ni realizado otras diligencias investigativas.

La Directiva obliga a los Estados miembros a establecer un régimen de indemnización que no solo abarque a las personas que han sido ellas mismas objeto de un delito doloso violento, en su condición de víctimas directas, sino también a los familiares cercanos de estas cuando sufren de rebote las consecuencias de dichos delitos, en su condición de víctimas indirectas.

Cuando existen procedimientos simplificados, el acusado no debe ser privado arbitrariamente de ellos. Teniendo en cuenta el marco jurídico vigente en el momento en que el demandante solicitó el procedimiento simplificado, no podía esperar legítimamente recibir una pena distinta de la cadena perpetua sin aislamiento diurno. La sentencia era previsible y por lo tanto no hubo violación del derecho del actor a un juicio justo.

Los legisladores italianos han convertido esta práctica en delito.

Meloni, primera ministra de Italia y líder del partido conservador Hermanos de Italia, ha promovido una agenda que defiende los valores tradicionales de la familia, oponiéndose a la gestación subrogada, especialmente para las parejas LGBTQ.

Berlusconi se limitó a conservar una participación cualificada adquirida mucho antes, en una fecha en la que las disposiciones del Derecho de la Unión aplicadas por el BCE aún no habían sido transpuestas al Derecho italiano.

El informe del GRECO sigue la línea del informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho, publicado recientemente, que había señalado preocupaciones sobre el deterioro del Estado de derecho en varios Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo Italia.

La normativa establece un requisito de residencia legal e ininterrumpida de cinco años en el territorio de un Estado miembro para que un nacional de un tercer país pueda obtener el estatuto de residente de larga duración. El legislador de la Unión estimó que tal período es suficiente para tener derecho a la igualdad de trato con los nacionales de dicho Estado miembro, en particular, en lo que concierne a las medidas de seguridad social, asistencia social y protección social.

Se debe subrayar el estrecho vínculo entre la protección del medio ambiente y la de la salud humana, que constituyen objetivos clave del Derecho de la Unión, garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Directiva contribuye a alcanzar estos objetivos y a salvaguardar el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para garantizar la salud y el bienestar.

Según la Directiva sobre el comercio electrónico, es el Estado miembro de origen de la sociedad que presta servicios de la sociedad de la información el que regula la prestación de estos servicios. Los Estados miembros de destino, vinculados por el principio de reconocimiento mutuo, están obligados, salvo excepción, a no restringir la libre prestación de esos servicios.