El informe del GRECO sigue la línea del informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho, publicado recientemente, que había señalado preocupaciones sobre el deterioro del Estado de derecho en varios Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo Italia.

La normativa establece un requisito de residencia legal e ininterrumpida de cinco años en el territorio de un Estado miembro para que un nacional de un tercer país pueda obtener el estatuto de residente de larga duración. El legislador de la Unión estimó que tal período es suficiente para tener derecho a la igualdad de trato con los nacionales de dicho Estado miembro, en particular, en lo que concierne a las medidas de seguridad social, asistencia social y protección social.

Se debe subrayar el estrecho vínculo entre la protección del medio ambiente y la de la salud humana, que constituyen objetivos clave del Derecho de la Unión, garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Directiva contribuye a alcanzar estos objetivos y a salvaguardar el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para garantizar la salud y el bienestar.

Según la Directiva sobre el comercio electrónico, es el Estado miembro de origen de la sociedad que presta servicios de la sociedad de la información el que regula la prestación de estos servicios. Los Estados miembros de destino, vinculados por el principio de reconocimiento mutuo, están obligados, salvo excepción, a no restringir la libre prestación de esos servicios.

El derecho italiano no ofrece garantías adecuadas y efectivas contra los abusos a personas que han sido sometidas a una medida de interceptación pero que, al no ser sospechosas ni acusadas de estar implicadas en un delito, no eran partes en el proceso. En particular, no había ninguna disposición que permitiera a esas personas solicitar a una autoridad judicial una revisión efectiva de la legalidad y necesidad de la medida.

La injerencia en los derechos fundamentales causada por el acceso a extractos telefónicos puede calificarse de grave y confirma que solo puede concederse dicho acceso cuando se trate de los datos de personas sospechosas de estar implicadas en un delito grave. Corresponde a los Estados miembros definir los «delitos graves» a efectos de la aplicación de la Directiva en cuestión.

Teniendo en cuenta la amplia discreción del Estado (“margen de apreciación”) para determinar lo que es de interés público, el fuerte consenso en el derecho internacional y europeo con respecto a la necesidad de proteger los objetos culturales de la exportación ilegal y devolverlos a sus países de origen y la conducta negligente del Getty Trust, se debe considerar que la orden de confiscación fue proporcionada.

Un aspecto destacado del proyecto es la creación de un nuevo tipo de delito: la difusión ilícita de contenidos generados o manipulados con sistemas de IA diseñados para engañar sobre su autenticidad. Esta conducta será penalizada con penas que van de uno a cinco años de prisión si resulta en “daños injustos”.

La entrega del requerido quedará diferida a la culminación de los procesos criminales que el encartado enfrenta en Chile, ya que enfrenta tres investigaciones por su presunta participación en delitos de robo en lugar habitado en diversos inmuebles de la capital.

La normativa nacional controvertida, en la medida que no permite a los operadores de gestión independientes establecidos en otro Estado miembro prestar sus servicios de gestión de los derechos de autor en Italia, constituye una restricción manifiesta a la libre prestación de servicios.