Los demandantes se vieron obligados a vivir en un entorno contaminado por los desechos acumulados a lo largo de las calles y por los sitios de almacenamiento temporal de basuras. Dicha exposición a residuos, en violación de las normas de seguridad, había hecho a los demandantes más vulnerables a diversas enfermedades. Esta conclusión fue respaldada por diversos estudios científicos. La constatación de la vulneración de derechos constituye en sí misma una satisfacción justa y suficiente para resarcir el daño moral causado.

El derecho a la vida es una de las disposiciones más fundamentales de la Convención, por lo que las autoridades están obligadas a rendir cuentas del trato dado a las personas bajo custodia policial debido a su posición vulnerable. Respecto de las lesiones y muertes que se producen durante las detenciones, se puede considerar que la carga de la prueba recae en las autoridades, que deben proporcionar una explicación satisfactoria y convincente al ocurrir estos hechos.

La menor, de cuatro años, había sido mantenida desde su nacimiento en un estado de incertidumbre prolongada en cuanto a su identidad personal. En particular, al no tener un parentesco legalmente establecido se la consideraba apátrida en Italia. Por lo tanto, a pesar del margen de apreciación otorgado al Estado, las autoridades incumplieron su obligación de salvaguardar los derechos de la menor.

Fueron revelados datos e información no sólo de la vida privada de la ex pareja del empresario, sino que también de terceros.

La aplicación automática de la confiscación en casos de urbanización ilícita no se ajusta a los principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal sobre el artículo 1 del Protocolo Nº 1, que consagra el derecho de propiedad. Sin embargo, el cambio de uso de suelo designado y la pérdida de la condición de suelo edificable no fueron planteados en el marco de la sentencia de fondo.

Existe amplio margen para la duda sobre el carácter voluntario de la violación de la libertad sexual de la menor, dado que tocó las nalgas durante un tiempo definitivamente mínimo y toda la acción se concentra en unos pocos segundos, según el juez del caso.

Las enmiendas al proyecto de ley buscan hacer extensiva la prohibición de alquilar vientres en Italia al extranjero, una práctica realizada principalmente por parejas del mismo sexo que buscan sortear las restricciones impuestas en su país. Del mismo modo, califican la maternidad subrogada como un “delito universal”.

La motivación exigida por el TFUE debe ser adecuada al acto de que se trate y debe revelar de forma clara e inequívoca la motivación seguida por la institución que adoptó la medida, de tal manera que permita a las personas interesadas determinar los motivos de la misma y que el tribunal competente pueda ejercer su poder de revisión.

El fallo judicial marca un precedente en la jurisprudencia italiana, al reconocer por primera vez el derecho a la imagen de una obra arte. De esta forma se ha prohibido expresamente el uso de la escultura para fines publicitarios o de edición de su imagen.

Restringe el acceso a los migrantes que no califican para solicitar asilo y simplifica los mecanismos de expulsión. También elimina los criterios de elegibilidad basados en los vínculos familiares y económicos.