Fundamentó la decisión en los principios de dignidad individual e igualdad consagrados en la Constitución, particularmente en el artículo 13. El tribunal estimó que la ausencia de disposiciones legales que permitan el matrimonio igualitario impide a estas parejas ejercer plenamente su derecho a la búsqueda de la felicidad.
La Corte Suprema cuestionó el plazo de prescripción de 20 años para la presentación de demandas de indemnización, concluyendo que este plazo contradice «la idea de justicia y equidad.» Este periodo de prescripción había sido un obstáculo para que los tribunales inferiores concedieran indemnizaciones, a pesar de haber criticado la Ley de Protección Eugenésica.
Los tribunales nacionales no ordenaron la restitución del niño automática o mecánicamente, sino que tuvieron debidamente en cuenta las reclamaciones del demandante en procedimientos justos y no contradictorios, adoptando decisiones razonadas que buscaban servir al interés superior del niño. Por lo tanto, no hubo violación del artículo 8 del Convenio.
El fallo, considerado especialmente significativo por ser inédito, va en línea con la decisión de la Corte Suprema de Japón de octubre pasado, que declaró inconstitucional el requisito de esterilización para el cambio legal de género en el país.
Llevó a cabo el ataque debido a un resentimiento contra el estudio, al que acusaba de haber robado sus ideas tras rechazar sus novelas en un concurso anual. Sin embargo, el tribunal no encontró evidencia de que el estudio hubiera plagiado su trabajo.
El cambio en el algoritmo no constituye un abuso de posición negociadora dominante según la ley, a pesar de reconocerse la ventaja comercial de Tabelog sobre la cadena de restaurantes en lo que respecta a los sistemas de calificación de servicios.
El juzgado Europeo de Derechos Humanos, la Asociación Mundial de Profesionales Para la Salud Transgénero y la ONU, dijeron que el requisito era discriminatorio e infringía los derechos humanos.
El fallo apelado consideró que la doble nacionalidad implicaría la existencia de un posible conflicto entre los derechos y obligaciones de los Estados y los derechos y obligaciones entre estos y los individuos. Debido a las amplias consecuencias en áreas como la tributaria y la protección consular, concluyó que tal sistema podría impedir las relaciones funcionales entre naciones e individuos.
El Código Civil y la Ley de Registro de Familia de Japón estipulan que el matrimonio solo puede tener lugar entre personas del sexo opuesto. El artículo 24 de la Constitución prevé el matrimonio heterosexual mediante frases como «consentimiento de ambos sexos» y «marido y mujer».
