Los Estados tienen la obligación de facilitar la participación de las mujeres de edad en el trabajo remunerado sin que sean discriminadas por motivos de su edad o sexo. Deben velar por que se preste especial atención a atender los problemas que puedan afectar a las mujeres de edad en su vida laboral y por qué no se las obligue a jubilarse anticipadamente o a aceptar soluciones similares.
La consulta se celebrará después de que el debate sobre la jubilación aumentara en Suiza a principios de este año, paralelamente a la ola de protestas desencadenada en la vecina Francia por la decisión gubernamental de retrasar allí la edad de jubilación de 62 a 64 años.
El requirente alega que estos preceptos no son congruentes con la Constitución Política, ni con el sistema previsional en su conjunto, y contravienen la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.
La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia de la persona mayor, que tiene derecho a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato.
El legislador pretende asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones de reparto y garantizar así su sostenibilidad. En particular, se tuvo en cuenta el aumento de la esperanza de vida.
Constituye una diferencia arbitraria respecto al resto de los trabajadores, quienes reciben el beneficio de jubilación de forma inmediata.
La interpretación de las normas aplicables a la controversia debe considerar el mayor beneficio para el destinatario de la prestación de seguridad social de que se trata.
Se trata de un asunto eminentemente técnico que la ley les ha encomendado directamente, por lo que no le corresponde al órgano contralor fiscalizarlo.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario al negar la apertura de la cuenta vista y el otorgamiento de la respectiva tarjeta de débito.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario del Instituto de Previsión Social al denegar la solicitud de jubilación del recurrente.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
