Durante su presentación, el jefe de la cartera de Justicia y Derechos Humanos afirmó que el nuevo sistema separará las funciones administrativas de las jurisdiccionales en la Corte Suprema, transfiriendo la gestión administrativa a un organismo autónomo que rinda cuentas a la Contraloría.
Las condiciones materiales y las normas de procedimiento relativas al nombramiento de los Jueces del TGUE deben permitir que se excluya cualquier duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a que dichos Jueces reúnen las exigencias de independencia y de capacidad profesional para ejercer el cargo de Juez del Tribunal General de la Unión Europea.
La Guía es un instrumento de aplicación del “Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores”, el cual es un documento de consulta dirigido a jueces y juezas, que entrega recomendaciones, buenas prácticas y aplicación de instrumentos internacionales destinadas a facilitar y mejorar la atención de la población mayor usuaria del servicio judicial.
Los magistrados, en la antigua Roma, eran la élite de la burocracia romana. Podían ser jueces, pero también cónsules, ediles, cuestores… Con el paso del tiempo, la descripción ha tomado el significado de juez.
La Fiscalía General del Estado ha presentado públicamente investigaciones que muestran indicios de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a personas operadoras de justicia, presuntamente, a cambio de decisiones favorables; modificaciones en composiciones de tribunales; retardos procesales injustificados y beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares. Según información oficial, al menos 19 jueces de distintas regiones y niveles de la judicatura estarían involucrados.
El a quo ha copiado casi literalmente los párrafos del escrito de acusación del Fiscal que contenían un error de fechas y lo ha arrastrado a los hechos probados, vulnerando la doctrina de que las sentencias deberán ser fundamentadas y deben huir de estereotipos o “copia-pega”. Desde la perspectiva de su estructura puesta de manifiesto en la configuración de los hechos probados, resulta irracional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en su momento enfatizó que la conducta de un magistrado debe ser ejemplar (Fallos 305-2:1932). Si nos centramos en la faz ética, su objeto es establecer qué es lo que corresponde exigirle al juez en orden a convertirlo en el mejor juez posible para la sociedad de ese tiempo y lugar.
¿Y si ponemos foco en quién realiza esas manifestaciones de opinión sobre los jueces? ¿Es legítima la crítica efectuada por un parlamentario o un miembro del Gobierno sobre la actuación de un juez? ¿Puede ser considerada una intromisión de uno de los poderes del Estado en las funciones de otro?
La profesión de las demandantes es de naturaleza intelectual, por lo que, en el caso concreto, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y cualquier posible consideración sobre el papel de ellas en la sociedad son irrelevantes en cuanto a la aptitud de ambos sexos para ejercer profesiones de esa naturaleza.
Condena las amenazas que están recibiendo intervinientes del Sistema Procesal Penal, que importa un claro atentado en contra del ejercicio de la función que le corresponde a los Fiscales y a los Jueces, lo que no respeta la debida objetividad e independencia que debe asegurarse para el adecuado ejercicio de las funciones que realizan.
En la propuesta también se pide que el Estado establezca mecanismos para supervisar un uso racional de los recursos naturales, y la creación de la Agencia Nacional de Aguas y Agencia de Evaluación Ambiental, Diálogo y Sostenibilidad. Además, se plantea incluir en la Constitución el derecho a vivir en un “entorno sano”.
