¿Y si ponemos foco en quién realiza esas manifestaciones de opinión sobre los jueces? ¿Es legítima la crítica efectuada por un parlamentario o un miembro del Gobierno sobre la actuación de un juez? ¿Puede ser considerada una intromisión de uno de los poderes del Estado en las funciones de otro? 

La profesión de las demandantes es de naturaleza intelectual, por lo que, en el caso concreto, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y cualquier posible consideración sobre el papel de ellas en la sociedad son irrelevantes en cuanto a la aptitud de ambos sexos para ejercer profesiones de esa naturaleza.

Condena las amenazas que están recibiendo intervinientes del Sistema Procesal Penal, que importa un claro atentado en contra del ejercicio de la función que le corresponde a los Fiscales y a los Jueces, lo que no respeta la debida objetividad e independencia que debe asegurarse para el adecuado ejercicio de las funciones que realizan.

En la propuesta también se pide que el Estado establezca mecanismos para supervisar un uso racional de los recursos naturales, y la creación de la Agencia Nacional de Aguas y Agencia de Evaluación Ambiental, Diálogo y Sostenibilidad. Además, se plantea incluir en la Constitución el derecho a vivir en un “entorno sano”.

En el comentario a la propuesta de la Comisión Experta, elaborado por profesores de Derecho UC, se advierte que este órgano no abordó temáticas como la falta de transparencia y ausencia de información sobre calificación de jueces que existe hoy, por lo que se plantea incluir esta evaluación de desempeño de los magistrados en la Constitución.

Los fiscales Tita Aránguiz Zúñiga, Carla Troncoso Bustamante, Jaime Salas Astraín y Anamaría Quintero Harvey pidieron pronunciamiento al tribunal de alzada, el cual luego de analizar la situación y pedir informe a los jueces, estableció que la comunicación telemática no permite fiscalizar el estado de los internos, por lo que deben volver a ser presenciales.

Los jueces o juezas deberán excluir el grado mínimo de la pena o el mínimo dentro del grado determinado en aquellos delitos contra las personas si procede la agravante de que la víctima es menor de 18 años, adulto mayor o persona con discapacidad.

El artículo 63.2 de la Convención dispone que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.

Constituye una diferencia arbitraria respecto al resto de los trabajadores, quienes reciben el beneficio de jubilación de forma inmediata.

Al omitir pronunciamiento sobre la petición de prórroga como residentes con asilo político, la recurrida privó, perturbó y amenazó la libertad personal y seguridad individual de los amparados.