El juez permitió que tanto él como los fiscales y testigos utilizaran los dispositivos para evaluar el relato del acusado. La experiencia fue utilizada específicamente en el contexto de una audiencia previa al juicio destinado a determinar si los cargos debían ser desestimados. Sin embargo, el juez no llegó a decidir si este tipo de tecnología podría ser admitida frente a un jurado en una etapa posterior del proceso.
El juez debe gozar de la confianza de los sujetos concretos que juzga, de modo que éstos no sólo no tengan, sino ni siquiera alberguen, el temor de llegar a tener un juez enemigo o de cualquier modo no imparcial.
La posición prevalente, aunque no jerárquica, que tiene la libertad de información sobre el derecho al honor, en función de su doble carácter de libertad individual y de garantía institucional de una opinión pública libre, presupone que la información transmitida sobre un asunto de interés general sea veraz.
No se demostró suficientemente la existencia de un atentado a la dignidad y al honor de la profesión de juez. En sus decisiones, los tribunales nacionales no otorgaron a la libertad de expresión del demandante el peso y la importancia que tal libertad merecía a la luz de la jurisprudencia del TEDH.
La causal de enemistad, odio, o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos, debe tener apoyo en circunstancias objetivamente comprobables, con aptitud para justificar el apartamiento de los jueces por hallarse comprometida su imparcialidad, y surge con absoluta evidencia que esos extremos no concurren si quien formula tales alegaciones sólo infiere la parcialidad, de las dogmáticas conclusiones que extrae de un examen fragmentario.
En virtud de la legislación gibraltareña, una persona comete un delito si expone intencionalmente sus genitales y si tiene la intención de que alguien los vea y cause alarma o angustia. La Comisión del Servicio Judicial de Gibraltar inició un proceso disciplinario para determinar su eventual responsabilidad.
La posible detención del hijo del imputado puede generar una preocupación legítima en este último, pero no constituye una coacción inminente que impida el libre ejercicio de su voluntad.
Cuando se entablan procedimientos disciplinarios contra un juez, está en juego la confianza del público en el funcionamiento del Poder Judicial. Todo juez que sea objeto de un procedimiento disciplinario tiene derecho a salvaguardias contra la arbitrariedad. En particular, debe tener la oportunidad de que la medida en cuestión sea examinada por un órgano independiente e imparcial competente.
La Comisión determinó la “responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación de los derechos a las garantías judiciales, principio de legalidad, libertad de pensamiento y expresión y a la protección judicial.
El Tribunal de alzada acordó solicitar además a la Corte Suprema que, en uso de sus facultades, como medida destinada a dar protección a las ofendidas, arbitre las medidas para el traslado del magistrado Barría Alarcón.
El oficio del Ejecutivo ya está en conocimiento de la Comisión de Constitución del Senado que escuchará mañana martes al Ministro de Justicia y en una audiencia posterior al candidato.
