Dado que en el presente asunto la Comisión se limitó en su analisis solo a considerer la responsabilidad conjunta y solidaria de la sociedad TP como miembro del consorcio, sin tener en cuenta su comportamiento individual, la decisión de la Comisión contravino la normativa aplicable al caso.
El requirente alega que no puede controvertir una sentencia atentatoria de derechos, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
La comisión de los ilícitos civiles se enmarca en un estatuto de responsabilidad civil extracontractual, razón por la cual la justicia especial nunca podrá conocer estos asuntos.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia cuestionada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
