Cuando se entablan procedimientos disciplinarios contra un juez, está en juego la confianza del público en el funcionamiento del Poder Judicial. Todo juez que sea objeto de un procedimiento disciplinario tiene derecho a salvaguardias contra la arbitrariedad. En particular, debe tener la oportunidad de que la medida en cuestión sea examinada por un órgano independiente e imparcial competente.

La Comisión determinó la “responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación de los derechos a las garantías judiciales, principio de legalidad, libertad de pensamiento y expresión y a la protección judicial.

El Tribunal de alzada acordó solicitar además a la Corte Suprema que, en uso de sus facultades, como medida destinada a dar protección a las ofendidas, arbitre las medidas para el traslado del magistrado Barría Alarcón.

El oficio del Ejecutivo ya está en conocimiento de la Comisión de Constitución del Senado que escuchará mañana martes al Ministro de Justicia y en una audiencia posterior al candidato.

Consecuencias del fallo de la Corte IDH Urrutia Laubreaux vs. Chile.

Además, vulneró sus derechos a la garantía judicial y al principio de legalidad.