El recurrente no pudo probar que su crédito no estaba incluido en el acuerdo concursal, al no argumentar mediante norma decisoria los basamentos del tribunal de fondo para acoger excepción del ejecutado.

Estimar como gestión inútil la notificación de la interlocutoria de prueba al demandante en razón del tiempo transcurrido entre ésta y la notificación al último demandado, es un error de los jueces de fondo pues añade exigencias al artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

El requirente alega que se le ha impedido objetar una tasación injusta, vulnerando su derecho de propiedad y de igualdad ante la ley.

La demanda fue notificada en un domicilio perteneciente a una comuna diferente de aquella en la que el tribunal y el receptor tienen su asiento, mientras que el requerimiento se practicó tácitamente en el domicilio de este último, por lo el municipio contaba con 8 días para plantear excepciones y no con los 4 días que consideraron los jueces de fondo.

Diferencias en la línea argumentativa no proceden, pues queda asentado desde el inicio de la tramitación de la causa las pretensiones de ambas partes, hechos que no pueden ser modificados por el máximo Tribunal.

El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto vulnera preceptos constitucionales, afectando la igualdad de la relación procesal.

Los jueces han concluido que la factura dice relación con una pretensión de cobro de rentas mensuales de un contrato que en ese período ya había terminado.

Esto de desprende de los artículos 2 y 196 inciso sexto del Código Tributario en relación con el artículo 153 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil.

El requirente alega que prohibir oponer excepciones de carácter personal al tercero adquirente del título de crédito produce efectos inconstitucionales.

En caso contrario, la excepción es improcedente.