La requirente alega que no puede defenderse de una ejecución que contraviene un derecho adquirido en procedimiento de familia, afectando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que se le está forzando injustamente a enajenar sus bienes por un valor muy inferior al de mercado, afectando sus garantías constitucionales.
El requerimiento de pago persigue que el deudor pague la obligación y si esto último no ocurre embargarle bienes suficientes para cubrir el capital, intereses y costas adeudadas.
El máximo Tribunal sostuvo que el título fue impugnado de acuerdo a la ley, por lo que procede acoger la excepción del artículo 464 N°7 del Código de Procedimiento Civil.
Además, fundó la decisión en lo dispuesto en el artículo 117 N°2 de la Ley N°20.720.
El máximo Tribunal resolvió que los sentenciadores del grado efectuaron una correcta aplicación de la normativa aplicable.
El error de la ejecutada no puede afectar los derechos legalmente adquiridos por la ejecutante.
Al entregar el pagaré solamente firmado, el ejecutado facultó a la acreedora para incluir los datos faltantes, debiendo estarse a tales términos, al no desconocerse la firma ni la obligación contraída.
Solo los documentos protestados por no pago fundado en la falta de fondos, cuenta cerrada, u orden de no pago, permiten acudir a la gestión preparatoria de notificación judicial de los protestos.
Al dictarse la suspensión en el cuaderno principal, y al final de la resolución que recibió la causa a prueba, resulta coherente que ésta solo afecte aquel cuaderno, en consonancia a lo establecido en la Ley 21.226.
