Se ordenó al recurrido aplicar la medida cautelar de retención de bienes sobre el navío afectado, por lo que al dictar su arraigo atribuyó a dicha medida cautelar consecuencias distintas a las que jurídicamente tiene.

Durante ocho años la recurrida no ha ejercido acciones judiciales tendientes a cobrar la deuda de la actora, por lo que el descuento realizado es unilateral e injustificado.

El TC, señaló que, en casos como este, la actuación del receptor judicial es un evento que cambia de modo significativo el estado de las cosas y que, no repugna a la racionalidad y justicia procedimental que el artículo 80 del CPC se encuentre diseñado de forma tal que brinde la oportunidad de desvirtuar lo constatado por un ministro de fe, lo que ha de ser cargo de quien lo alega.

Los errores de derecho que el recurrente estima que se han cometido persiguen el establecimiento de nuevos que desvirtúan los supuestos fácticos fundamentales asentados por los tribunales de instancia.

Los juicios que concluyen por abandono del procedimiento carecen de efecto interruptor en virtud del artículo 2503 N°2 del Código Civil.

No impugnó la aplicación de las normas que constituyen el marco legal que los sentenciadores del fondo aplicaron en la materia.

La decisión que recae sobre la imposición de costas no reviste el carácter de sentencia definitiva.

Los registros morosos ya no están publicados en el sistema.

La gestión pendiente incide en autos sobre juicio ejecutivo laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles.

La gestión pendiente incide en demanda ejecutiva por obligación de dar, seguido ante el Decimosexto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación.