El auto de apertura de preparación de juicio oral se remitió al TOP antes del vencimiento del plazo de cinco días a que se refiere el inciso primero del artículo 280 bis del Código Procesal Penal, norma que debe entenderse relacionado con el artículo 366 del mismo cuerpo legal que establece el régimen recursivo general para deducir recursos de apelación, refirió el voto en contra.
No consta que se haya efectuado el apercebimiento concerniente a los efectos de la incomparecencia, por lo que no se pudo despachar orden de detención por no comparecer al juicio oral reprogramado a pesar de que se notificó personalmente por videollamada a la imputada.
El funcionario fue denunciado por un hecho ocurrido en 2018, y el máximo tribunal confirmó la decisión de la Corte de Talca de acusar al capitulado, al estimar que del mérito de los antecedentes procede continuar con la causa en juicio oral, donde podrá discutirse con mayor profundidad el fondo del asunto con el fin de condenar o absolver al encartado.
Los requirentes alegan que la norma legal objetada infringe la libertad personal y de trabajo, desde que, con ocasión de la complejidad de los delitos imputados y la abundante prueba a rendir los acusados deberán asistir de forma presencial a un juicio de larga duración.
Según explicó la magistrada del Juzgado de Garantía, el auto de apertura de la causa será remitido al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad, instancia que debería fijar la fecha del juicio oral dentro de los próximos 60 días.
El requirente, Marco Enríquez-Ominami, estima que los preceptos legales cuestionados atentan gravemente a sus garantías fundamentales, como son su derecho a la integridad física y psíquica, la libertad personal y de movimiento, y a la libertad de trabajo y económica.
Acuerda que la audiencia se realice el 13 de febrero a pesar de que el juez de garantía actualmente está haciendo uso de su feriado legal.
La requirente aduce que la realización de un juicio a través de videoconferencia afecta el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad ante la ley.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La defensa solo alegó que el juicio se realizó mediante video llamada, sin precisar acabadamente como se vulneró la garantía al debido proceso.
El máximo Tribunal descartó infracción al debido proceso por desarrollar el juicio en forma remota, a través de la plataforma Zoom.
