Es acusada de suscribir un acuerdo con Irán para facilitar la anulación de los pedidos de captura internacional contra seis iraníes y un libanés por su participación en el atentado de la AMIA. También fue imputada por haber recibido presuntos pagos ilícitos a cambio de licitaciones y contratos públicos, que habría otorgado durante su mandato presidencial.