El tribunal a quo determinó la afectación de la integridad física y psíquica de la actora durante la vigencia de la relación laboral.
El órgano fiscalizador adujo que procede que ese servicio adopte las medidas tendientes a pagar, a la brevedad, los gastos generales que omitió solucionar con motivo de las obras adicionales ejecutadas en las señaladas contrataciones, así como aquellos gastos efectivamente acreditados.
El Tribunal acogió la denuncia y ordenó a la denunciada pagar una indemnización de $9.600.000 y extender disculpas públicas a la demandante a través de un inserto que deberá publicar en un diario de circulación regional.
El máximo Tribunal acogió el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante y, en sentencia de reemplazo, estableció la relación laboral entre las parte y condenó al organismo público a pagar a la trabajadora las sumas de $1.541.638, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.
El máximo Tribunal acogió la acción judicial tras establecer la existencia de relación laboral entre las partes.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta indicó que la recurrida no dio cumplimiento con lo ordenado en el año 2017 por la Corte, esto es, aplicar descuentos sin previa investigación sumaria para determinar responsabilidades.
La Corte Suprema señaló que, el respeto al principio de proporcionalidad impidió aplicar la sanción de destitución, pues ello importaría una violación al principio de proporcionalidad.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de las recurridas, dejó sin efecto el dictamen del ente contralor, ordenó el reintegro de la trabajadora aforada y el pago de todas las remuneraciones y prestaciones maternales devengadas durante su separación del servicio.
La JUNJI deberá responder solidariamente de las prestaciones e indemnizaciones en los mismos términos que la demandada principal.
