La reforma constitucional de 1994 en Argentina introdujo una serie de cambios significativos en materia ambiental, destacándose la incorporación del concepto de «dominio originario» de los recursos naturales en favor de las provincias. Este concepto tiene profundas implicancias legales y sociales, ya que establece que las provincias son las titulares del dominio sobre los recursos naturales dentro de su territorio, un principio que tiene raíces históricas que se remontan a la época colonial.