La declaración contenida en la resolución del juzgado de familia no es inocua, toda vez que su tenor ha sido la razón principal por la cual el niño fue expulsado del colegio, haciéndolo participe de un hecho grave, y que eventualmente, tomará conocimiento de que en una sentencia judicial se lo ha calificado de autor de tales conductas, sin que haya tenido la posibilidad de haber sido oído y defenderse.
No es necesario estar en presencia de maltratos de obra u otras conductas similares para que se esté ante acciones reguladas por la Ley N° 20.066, pues el sólo acto del despojo y lanzamiento de una vivienda ocupada por un grupo familiar, a instancias de otro miembro de la misma familia, hace aplicable dicha norma.
La niña, en cuyo favor se recurre, actualmente se encuentra con su madre por lo que no se advierte ilegalidad.
El Tribunal de alzada estableció que la libertad de expresión e información debe ceder ante la garantía de protección a la honra y la vida privada de menores de edad y adolescentes.
La Corte determinó que, efectuada la ponderación de los derechos involucrados, resulta aconsejable hacer prevalecer dicho interés superior de la niña por sobre el derecho de propiedad de que es titular el recurrente.
Las alegaciones deben efectuarse ante el Juzgado de Familia respectivo.
La sentenciadora tuvo por suficientemente acreditada la filiación reclamada.
El juez de letras de Lebu, en su oportunidad, ordenó trabar contienda de competencia, remitiendo los antecedentes a la Corte de Apelaciones, a fin de que se dirimiera conforme a derecho.
La recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República.
