La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente genera una diferencia injustificada, carente de fundamento y arbitraria en un procedimiento tramitado ante un Juzgado de Policía Local, vulnerando los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria.
Resolvió que, de acuerdo al artículo 44 de la ley N° 21.442, las controversias sobre la aplicación de reglamentos de copropiedad deben ser resueltas en los Juzgados de Policía Local, ya que exceden el ámbito de un recurso de protección.
No es racional y justo un procedimiento en el cual no se puede apelar en contra de la resolución que niega conceder una medida precautoria cuyo objeto es precisamente asegurar el resultado de la demanda civil indemnizatoria. Con ello, además, se menoscaba el derecho a defensa jurídica y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que no se puede concebir un procedimiento en que la solicitud de medidas cautelares no pueda ser revisada por un tribunal de alzada.
La requirente alega que de aplicarse el precepto legal impugnado para resolver el recurso de amparo se vulneraran los artículos 1, 5 y 19 N°s 3, 7 y 26 de la Carta Fundamental, así como también el artículo XXV inciso 2° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, y el artículo 7.7 del Pacto de San José, disposiciones estas últimas que se refieren que nadie puede ser detenido por deudas.
El máximo Tribunal determinó que las disputas relacionadas con la aplicación de normas de copropiedad deben resolverse a través de los Juzgados de Policía Local y no mediante acciones cautelares, ya que estas instancias no son aptas para resolver cuestiones sobre la adecuación y legalidad de las sanciones impuestas por la administración del condominio.
En el proceso eleccionario del año 2023, que también contaba con voto obligatorio, lo hicieron 12.506.673 personas, con lo cual se debería sumar un nuevo ingreso masivo de causas a los juzgados, abultando con ello la carga de trabajo. Advierte que estas denuncias se añadirían a las más de 7 millones de causas que ingresan anualmente a los juzgados de policía local, recargando dicha sede judicial de manera significativa, sin que pueda descartarse que ello implique un detrimento en la resolución de las demás causas de su competencia.
El requirente alega que la prohibición recursiva infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso.
En la resolución se propone que la Academia Judicial dicte de manera suficiente, programas de formación para los actuales y futuros jueces y secretarios abogados de policía local del país. También se plantea instaurar un sistema de tramitación electrónica.
Los Ediles a pesar de nombrar a los Jueces de Policía Local –previa propuesta de las Cortes de Apelaciones respectivas-, no ejercen un control ni son superiores jerárquicos de tales Magistrados, quienes ejercen sus funciones con plena independencia de los funcionarios municipales.
El requirente estima que la restricción recursiva infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso.
Será competente ahora para conocer de la acción de prescripción extintiva de los derechos de aseo municipal adeudados el juzgado de policía local de la propia municipalidad acreedora.
