La solicitante intentó regularizar una franja de áreas verdes al interior de una urbanización, creyendo que era un inmueble municipal, en circunstancia que dicho predio pertenecía a la empresa que construyó el loteo, la que además, acreditó la posesión violenta de la demandante al ocupar un predio ajeno legalmente inscrito.
Confirmó el rechazo a archivar e inscribir un plano al margen de un título de dominio, al estimar que la modificación unilateral o aclaración de la cabida del inmueble puede afectar derechos de terceros.
En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal condenó a Pedro Espinoza Bravo y Juan Chiminelli Fullerton a 15 años y un día de presidio, en calidad autores de los 15 homicidios calificados.
Ordenó el cierre del local por 15 días hábiles.
El máximo Tribunal confirmó el rechazo del Conservador de La Serena a practicar el alzamiento de una hipoteca y una prohibición de enajenar, debido a que el solicitante debe pedir al tribunal respectivo que declare fallida la condición que acusa, para proteger los derechos de terceros involucrados.
Vecina denunció que se cambió el local de votación sin informar adecuadamente a los socios.
La acusada hacía creer a los compradores que los terrenos eran aptos para la urbanización, en circunstancias que se encontraban con prohibición de cambio de uso de suelo agrícola, además de no ajustarse a la superficie legal exigida para la enajenación.
Los demandantes arguyen que no cabe duda alguna que en el sector donde se emplaza el proyecto, esto es, un banco de machas, ha generado un impacto ambiental y daños al medio ambiente especialmente a los recursos bentónicos del lugar, producto de la instalación del cable FOS 5G.
Alegan que la gravedad y significancia del daño ambiental generado por la contaminación acústica lo torna muy probablemente como irreparable o al menos de muy difícil reparación
