El Tribunal estableció que las cartas de despido respectivas carecen de los elementos mínimos que justifiquen los despidos de los demandantes.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio especial debido a que la materia o que solicitada unificar no es susceptible de ser uniformada.

En la sentencia, la magistrada estableció que la empresa demandada no justificó las supuestas ausencias del trabajador.

Concluye que la prueba no singularmente considerada no altera las conclusiones que llevan rechazar la demanda de despido injustificado, nulidad de despido y cobro de indemnizaciones relacionadas con el despido, acogiendo solo lo relacionado con el feriado pretendido.

El Tribunal hizo lugar a la acción judicial deducida, tras establecer que la denunciada vulneró los derechos fundamentales de la demandante, incurriendo en acoso laboral en su contra, por lo que deberá efectuar un pago de $50.000.000 por concepto de daño moral, y $1.985.313 por concepto de 14 días de remuneraciones impagas.

El máximo Tribunal estableció que el recurso de unificación de jurisprudencia no procede en ese tipo de materias.

El Tribunal estableció que la empresa no aportó medios de prueba que acrediten la causal invocada en la carta de despido.

El máximo Tribunal no hizo lugar al recurso especial impetrado por la parte demandante, la cual «omitió toda referencia y explicación relativa al contenido y circunstancias relativas a la interpretación jurisprudencial que propone como contraste», como exige la norma.

El máximo Tribunal rechazó el recurso enderezado en contra de sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que no se pronuncia sobre la cuestión de derecho planteada por la recurrente.

Debe imperar el principio de la “estabilidad en el empleo”, máxime si los datos que llevaron a la decisión de desvincular a un gran número de trabajadores, son proyecciones y no datos duros.