Se relacionan con su subsistencia presente al impedirle el acceso a prestaciones médicas y afectan el monto que el trabajador podría recibir en caso de perder su empleo.

El empleador está impedido de probar por medios diferentes a los indicados en el artículo ya citado, un finiquito, la renuncia del trabajador o el mutuo acuerdo de las partes.

Así, al condenar al empleador al lucro cesante no se está en presencia de una doble indemnización o de indemnizaciones incompatibles sino frente al pago de prestaciones que obedecen a causas diversas.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio especial intentado en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que no emite pronunciamiento sobre materias de derecho susceptibles de contraste.

El máximo Tribunal consideró que la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, erró al acoger el recurso de nulidad deducido por la empresa y, consecuentemente, rechazar el pago demandado por los trabajadores.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

El máximo Tribunal hizo lugar al recurso tras establecer la existencia de relación laboral entre las partes.

El Tribunal desestimó la alegación presentada por la sociedad educacional en contra de la resolución dictada por la Inspección Provincial del Trabajo Santiago Oriente.

El reproche a la empresa denunciante se ve agravado por su negativa injustificada de reincorporar a trabajadoras aforadas a sus labores, una vez que conoce el requerimiento hecho por el ente fiscalizador, no existiendo explicación razonable que impulsara a la empresa a negarse ante tal solicitud.

En cuanto le permite fiscalizar y orientar el cumplimiento del contrato en que se consagra el encargo, lo que en definitiva está relacionado con el fin que persigue y en el cual tiene un interés propio comprometido.