Dentro de la legislación laboral inglesa, para poder solicitar un reajuste en la remuneración, los peticionarios deben elegir un parámetro de comparación válido.

La requirente estima que la disposición cuestionada infringe la igualdad ante la ley y la garantía del debido proceso, en relación al derecho a la defensa.

El precepto impugnado infringiría el debido proceso, específicamente el derecho al recurso, al impedirse que un tribunal superior revise lo resuelto por el juez de primer grado.

El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda al considerar justificada la desvinculación del trabajador por consumo de drogas.

Si su identidad no puede ser corroborada, no confirma sus dichos ante un tribunal y no es interrogado libremente por las partes, amenaza el derecho de defensa y las garantías procesales.

El Tribunal estableció que en la especie, no se encuentra probada la necesidad “urgente e imperiosa” de despedir a las trabajadoras, debido a la baja en las ventas y el cierre de locales.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, que ordenó el pago de $80.000.000 por concepto de daño moral, más la cifra que se determine en la fase de ejecución del fallo, por concepto de indemnización por lucro cesante.

El Tribunal de alzada consideró que carece de fundamento el recurso enderezado en contra de la valoración de la prueba que realizó en la especie, el tribunal de primera instancia.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en los jueces del fondo que concluyeron que no es procedente descontar de la indemnización por años de servicio, el monto aportado por el empleador a la cuenta individual de cesantía del trabajador.

El Tribunal estableció que la demandada Cines e Inversiones Cineplex Limitada, no justificó la causal de necesidades de la empresa esgrimida en la carta de despido del trabajador.