El magistrado no hizo lugar a la petición de la defensa, la que solicitaba que Godoy Muñoz fuera sobreseído definitivamente en uno de los cargos por cohecho del imputado, relativo al pago de cerca de $7.000.000 en efectivo que habría realizado un empresario al edil, para asegurar la adjudicación de contratos de feria navideña y cena para funcionarios municipales.

El comercio ilícito es una actividad que ha aumentado en forma alarmante en el último tiempo en nuestro país y la informalidad en la que se desenvuelve es propicia para la acción delictiva, puesto que no se encuentra sometida a controles que revistan la suficiente solidez para hacerle frente, por ello la moción modifica la ley N° 19.913 con el objetivo de otorgar mayores herramientas a la Unidad de Análisis Financiero en la prevención y detección del delito de lavado de activos relacionado con el comercio ilícito.

El 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a quien fuera el Comandante en Jefe del Ejército entre los años 2010 a 2014. Los magistrados solo alcanzaron la convicción de “mera sospecha”, y esbozaron errores en la investigación e incongruencias en la declaración de testigos y peritos, los que fueron incapaces de establecer el patrimonio inicial de Fuente-Alba así como el presunto aumento de su riqueza.

El lavado de activos sigue siendo un desafío global, en nuestro país las autoridades están comprometidas en su combate y han logrado importantes avances en la identificación y seguimiento de activos ilícitos.

La pareja indocumentada del imputado depositó la caución de $10.000.000.- y luego se modificó a causal que justifica la prisión preventiva, medida cautelar en contra del amparado que fue validada por la Corte de Apelaciones que estimó fue dictada en el marco de un proceso legalmente tramitado, por un tribunal facultado para decretarla, en el que el recurrente incluso no ha hecho valer los recursos procesales ordinarios que la norma adjetiva le otorga, pudiendo hacerlo.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la libertad personal y seguridad individual, el derecho a un procedimiento racional y justo, el derecho a defensa y el debido proceso, desde que a pesar de estar en prisión preventiva se le impide conocer los antecedentes de la causa, por cuanto no se puede acceder ni a la carpeta investigativa ni a la oficina virtual del Poder Judicial.

La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción.

La Undécima Sala del tribunal de alzada descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que condenó a Molina Pino al pago de la suma de $22.345.566.

El máximo Tribunal desestimó los recursos de nulidad y apelación en subsidio, confirmando la sentencia dictada por el ministro instructor, que acogió la petición de extradición respecto del connacional, al verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 449 del Código Procesal Penal, disponiendo así la entrega del requerido para su juzgamiento en tierras ibéricas.

El tribunal a quo incurrió en error de derecho al imponer una pena del tramo superior al que legalmente corresponde, respecto de la acusada, a quien –además- se le reconocieron dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, de forma tal que, se le debió aplicar la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, en su mínimo.