La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción.
La Undécima Sala del tribunal de alzada descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que condenó a Molina Pino al pago de la suma de $22.345.566.
El máximo Tribunal desestimó los recursos de nulidad y apelación en subsidio, confirmando la sentencia dictada por el ministro instructor, que acogió la petición de extradición respecto del connacional, al verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 449 del Código Procesal Penal, disponiendo así la entrega del requerido para su juzgamiento en tierras ibéricas.
El tribunal a quo incurrió en error de derecho al imponer una pena del tramo superior al que legalmente corresponde, respecto de la acusada, a quien –además- se le reconocieron dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, de forma tal que, se le debió aplicar la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, en su mínimo.
Según la investigación en curso, el hijo del mandatario habría incrementado sustancialmente su patrimonio con fondos que no logró acreditar. Su excónyuge lo acusa de apropiarse indebidamente de fondos destinados a la campaña presidencial de su padre.
En la audiencia de formalización, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo ordenó el ingreso de Lizana Retamal, Rivera Tudela y Segovia Marín al Centro Penitenciario de Alto Hospicio por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 150 días el plazo de investigación.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, acogió la demanda y condenó a León Cisterna a pagar al Fisco la suma de $225.529.406.
La noticia se dio a conocer tras la filtración de un documento que da cuenta de una serie de pesquisas investigativas decretadas contra la primogénita de Áñez. La mujer ha sido una férrea defensora de su madre, quien en 2022 fue condenada a 10 años de cárcel en el marco del caso “Golpe de Estado II”.
La magistrada tuvo presente que, en el caso de Espinosa Valenzuela se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos a su patrimonio personal. Por esas consideraciones, se estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga.
El Tribunal consideró que los antecedentes aportados por la defensa no hacen variar las circunstancias que se tuvieron a la vista al decretar la prisión preventiva de Aguilera Sanhueza, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
