La Corte afirmó que las objeciones de los demandantes eran de naturaleza legal, moral, ideológica y política, y que no constituían un daño directo que justificara la intervención de los tribunales federales. En el fallo se subrayó la importancia del concepto de legitimación activa para filtrar demandas basadas en objeciones generales a acciones gubernamentales.
La libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con base en estereotipos de género perjudiciales. Ello se ha debido a que se ha asignado social y culturalmente a los hombres un rol preponderante en la adopción de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y a que estas son vistas como el ente reproductivo por excelencia.
El bien jurídico protegido en el delito de maltrato de animales es el derecho del propio animal a no ser objeto de la crueldad humana, para lo cual es menester reconocerle el carácter de sujeto de derecho. El argumento de que no es admisible el reconocimiento de derechos porque no puede exigirlos no se sostiene.
La legitimación sustancial de las partes, su calidad o condición de titulares del derecho que invocan, puede y debe ser analizada -aun de oficio- por el juzgador al tiempo de dictar sentencia. En el caso concreto, no surge inequívocamente acreditada la identidad de las demandantes.
El Tribunal determinó que el reclamo deducido por el Director de Obras Municipales no es procedente, por cuanto está destinado únicamente a personas ajenas a la Administración.
Se descartaron los vicios invocados en contra de la sentencia dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la acción colectiva.
Nadie puede ser obligado por un contrato en que no ha intervenido y prestado su consentimiento, ni sufrir las consecuencias negativas del incumplimiento en el que no ha tenido intervención.
El demandante debe justificar un interés personal, demostrando que es víctima de la supuesta violación.
