El máximo Tribunal resolvió que las normas de prescripción civil no pueden aplicarse a los delitos de lesa humanidad, y que el Estado se encuentra en la obligación de reparar el daño causado por sus agentes a las víctimas de estos delitos.

La norma, devuelta a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por ser objeto de indicaciones, se aplicaría cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubiesen tenido al momento de la condena.

No podrán acceder a los beneficios del Sistema de Reinserción Social las personas que, en conformidad al derecho internacional, hayan sido condenadas por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

El Decreto Ley N°321 incrementó los requisitos para postular a los beneficios de libertad condicional a los condenados por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El Tribunal de alzada condenó a Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Juvenal Piña Garrido, Rolf Wenderoth Pozo y Manuel Carevic Cubillos a 15 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores de los delitos de carácter de crímenes de lesa humanidad.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de casación en el fondo, seguido ante la Corte Suprema.

La aplicación del artículo 103 del Código Penal es improcedente.

Así lo establecen los artículos 10 y 40 del Código de Procedimiento Penal en armonía con las normas de los artículos 398, 430, 447, 500, N°7 y 536 de ese texto legal.