El acusado manejaba un vehículo en estado de ebriedad y con su licencia de conducir cancelada por la ciudad de Los Andes, cuando atropelló a un transeúnte provocándole graves lesiones, luego, huyó del sitio y fue detenido por Carabineros al día siguiente, tras ser fiscalizado en la comuna de La Reina. El máximo Tribunal estimó que la verificación de la participación del acusado en el atropello, no constituye una infracción al debido proceso.

La jurisprudencia ha declarado que la intimidación, como medio conminatorio y coactivo para forzar el cambio de actuación procesal, debe entenderse en un sentido amplio, habiéndose apreciado dicho delito cuando las expresiones expuestas incluso en tono moderado, son suficientemente significativas para atemorizar al denunciante.

El hecho ocurrió en un camino rural de la comuna de Putaendo, lugar donde el acusado atropelló a dos transeúntes, causando la muerte de uno de ellos y lesionando gravemente al otro, huyendo del sitio para dirigirse a denunciar el acto a Carabineros, infringiendo los artículos 195 y 176 de la Ley de Tránsito.

El recurrente expuso argumentos genéricos sin puntualizar de forma concreta como se habría vulnerado el debido proceso, motivo por el cual, el máximo Tribunal desestimó el arbitrio quedando a firma la condena impuesta.

Actor fue condenado a 10 delitos de homicidio simple frustrado, por disparos efectuados por otros coimputados desde el interior de su automóvil hacia una muchedumbre de manifestantes. El tribunal no mencionó luego de analizar las pruebas aportadas, si tal acto fue efectuado con dolo de herir o de matar, infringiendo el principio de no contradicción.

El Tribunal,  tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable del acusado en los hechos, descartado la calificación de apremios ilegítimos hecha por el querellante.

La Primera Sala señaló que ha logrado formarse la convicción de que, en la especie, concurre la causal de inadmisibilidad establecido en el artículo 84, numeral 6° de la LOCTC, ya que la acción deducida no da cumplimiento a la exigencia constitucional y legal de encontrarse razonablemente fundada.