La moción establece una nueva inhabilidad para impedir el ingreso y reingreso a la administración del Estado como funcionario público a todos los abogados que hayan prestado asesoría jurídica a imputados por delito de narcotráfico u otros asociados como porte ilegal de armas, sicariato, secuestro, extorsión, asociación ilícita, trata de personas, robo con violencia, a fin de atacar las posibles redes de contacto y tráfico de influencias de estos delincuentes con el aparato estatal.