El Reglamento de la Ley 19.886 publicado el 12 de diciembre establece cómo se implementan las modificaciones a la normativa y detalla, entre otros temas, las causales de los tratos directos; la Declaración de Patrimonio e Intereses de funcionarios y las inhabilidades para ser parte del Registro de Proveedores.
El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación contra la Resolución Exenta N°182-2023 que aprobó las Bases Administrativas del concurso “Adquisición de zapato elasticado planta goma para Carabineros de Chile”.
Es decir, ante un escenario de posibles oferentes que tienen el mismo producto bajo diferentes estándares normativos, corresponde al Instituto de Salud Pública (ISP) regular previamente la materia.
De acogerse la tesis de la reclamante no solo se habría conculcado el principio de estricta sujeción a las bases, sino también el principio de igualdad de los oferentes, puesto que dicho oferente habría quedado en situación de privilegio frente al resto de los proponentes.
El requirente reclamó que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y debido proceso.
La requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y automática, vulnerando el debido proceso.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.
Vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso.
Vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada e inimpugnable, lo que afecta gravemente sus garantías constitucionales
La requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y vulnera el debido proceso al no permitir instancias para controvertirla.
