Lleva razón la institución recurrida cuando señala que, conforme a la correcta interpretación de la normativa, resulta improcedente exigir la entrega del saldo que actualmente registra la cuenta de ahorro del causante, efectivamente de un monto menor a 5 U.T.A., pues, en su calidad de retenedor de impuestos, debe velar por que la cantidad mayor de dinero que fue ilegalmente retirada de la entidad por los herederos —sin conocimiento de parte de ella del fallecimiento de su cliente— sea declarada como parte del inventario de los bienes dejados por su fallecimiento, a efectos de que el Servicio de Impuestos Internos, considerando los mismos, emita nuevamente un certificado acerca del valor correspondiente al impuesto a la herencia que la comunidad sucesoria debe pagar.