La Convención de Derechos del Niño, de la cual Chile forma parte, específica las formas de violencia contra la niñez, como prácticas perjudiciales y nocivas, dentro de las cuales se encuentra el matrimonio infantil, precoz o forzado.

Se trata de una moción de un grupo de senadores que plantea que los plazos sean de 6 y 18 meses, respectivamente, desde el cese de la convivencia.

No existe una finalidad constitucionalmente legítima para establecer esta causal, ya que es posible llegar al mismo propósito de salvaguardar las finalidades legales del matrimonio sin recurrir a un agravio constitucional.