Resulta pertinente reiterar las observaciones que esta Corte Suprema ya manifestó previamente al informar los diversos proyectos que concluyeron en la dictación de Ley N°21.325, destacando que la presente modificación mantiene un vacío en torno a la doble instancia, pues no estatuye un recurso de apelación para impugnar lo que resuelva la Corte de Apelaciones respectiva.

La propuesta significa un retroceso respecto a lo consensuado en la elaboración de la ley 21.325, que establece en su artículo 9° el principio de no criminalización de la migración irregular.

El proyecto, ahora despachado al Senado, castiga con presidio dicha conducta y, luego de cumplida la pena, fija la expulsión del extranjero, salvo ciertas excepciones.

Corresponde al Estado de Chile decidir a quién admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país, se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud.

La iniciativa radicada en la Comisión de Gobierno Interior contempla facilitar el inicio del procedimiento administrativo de expulsión de extranjeros, estableciendo la posibilidad de utilizar carta certificada o correo electrónico para notificar al afectado.

Durante el debate se hizo presente la “grave crisis migratoria” que enfrenta el país, principalmente en la zona norte. En la oportunidad se respaldó el mensaje que incorpora en la primera notificación requerida para el inicio del proceso administrativo de expulsión, notificaciones por carta y por correo electrónico.

El mensaje –aprobado por la Comisión de Gobierno- incorpora en la primera notificación requerida para el inicio del proceso administrativo de expulsión, la notificación por carta y la notificación por correo electrónico.