No se comprende dentro de la obligación atingente a la transparencia de la información pública, un procesamiento, estandarización, unificación, elaboración, manejo o comparación de datos ordenados de acuerdo a la necesidad del requirente, a menos que dentro de las funciones del servicio se encuentre dicha tarea.

En fallo unánime, la Corte de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad deducido por un periodista y le ordenó a la Municipalidad de Lo Barnechea entregar la nómina de trabajadores y/o prestadores que se desempeñan en la organización comunitaria Lo Barnechea Servicios, solicitada por ley de transparencia.

En fallo unánime desestimó que la información solicitada tenga el carácter de reservada y, además, consideró que los nuevos sistemas de evaluación y categorización de los profesionales de la educación, reviste un evidente interés público.

Si la información solicitada se encuentra en bases de datos, se cumple con la obligación de transparencia, en la medida que se entreguen esas bases de datos, no siendo obligación del servicio sistematizar la misma conforme la particular solicitud que haga el requirente.

La Octava Sala del tribunal de alzada descartó que la información solicitada a la Municipalidad de Colina tenga el carácter de reservada.

La Novena Sala de del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), tras  establecer que la recurrida actuó dentro de sus competencias legales.

Su estructura y fines van dirigidos a ejecutar una función de servicio público respecto de la cual la Municipalidad está obligada a cumplir, pero que la misma ley, le permite hacerlo indirecta y/o conjuntamente con los privados, como una manera de afianzar, la idea de participación ciudadana.

Su publicidad afectaría los derechos comerciales y económicos del Laboratorio BioNTech, según lo dispuesto en el artículo 21, N°2, de la Ley 20.285.

El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia tenga el carácter de reservada o secreta.

El Tribunal de alzada estableció que se debe mantener bajo reserva solo la información respecto al número de trabajadores de dichas empresas, información que, por lo demás, no está en poder del SII.