Su estructura y fines van dirigidos a ejecutar una función de servicio público respecto de la cual la Municipalidad está obligada a cumplir, pero que la misma ley, le permite hacerlo indirecta y/o conjuntamente con los privados, como una manera de afianzar, la idea de participación ciudadana.

Su publicidad afectaría los derechos comerciales y económicos del Laboratorio BioNTech, según lo dispuesto en el artículo 21, N°2, de la Ley 20.285.

El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia tenga el carácter de reservada o secreta.

El Tribunal de alzada estableció que se debe mantener bajo reserva solo la información respecto al número de trabajadores de dichas empresas, información que, por lo demás, no está en poder del SII.

Los ministros recurridos de la Corte de Apelaciones confirmaron la decisión del Consejo para la Transparencia, que ordenó dar a conocer información comercial de la empresa cuya divulgación afecta el desarrollo de su giro comercial y lo pone en una posición de desventaja en el mercado.

La divulgación desincentiva el rol que le corresponde a todo ciudadano en la labor coadyuvante de dicha función. Los datos de los denunciantes anónimos se encuentra protegidos por la causal de reserva del artículo 21, N°1, de la Ley 20.285.

Si bien la Ley de Transparencia es aplicable al Ministerio Público como órgano constitucionalmente autónomo, no se encuentra sujeto a la Fiscalización del CPLT. Ahora, si la Fiscalía niega información a un interesado, este puede interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en el plazo de 15 días corridos.

Las preguntas de las PSU de años anteriores son consideradas para la calibración de las nuevas evaluaciones mediante exámenes pilotos, por lo que su publicidad perjudicaría la confección de los nuevos mecanismos de ingreso (se distorsionarían los estudios técnicos de las preguntas).

El Tribunal de alzada consideró que la entrega de la información no afectará las políticas comerciales del laboratorio.

Del artículo 119 ter del Código Sanitario se desprende que la información relativa a los médicos objetores de conciencia no se encuentra centralizada, por cuanto, dicha objeción debe ser firmada por el objetor y por el director del establecimiento.